Fecha edición: 04/07/2007 09:20

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Osvaldo Romo, el ex agente de la Dina y antes hombre del MIR que aparece mencionado en al menos 80 casos de detenidos desaparecidos, murió esta madrugada de un paro cardiorrespiratorio.

Romo, también conocido como el Comandante Raúl o el Guatón Romo, sufría de diabetes y falleció a las 5:30 horas mientras se encontraba en el hospital penal de la Ex Penitenciaría.

El torturador cumplía una condena de 10 años y un día por el secuestro calificado del militante del MIR Manuel Cortez Joo y de cinco años y un día por el secuestro calificado de Ofelio Lazo, detenido en julio de 1974.

DOBLE AGENTE
A mediados de los ‘70, Osvaldo Romo se trasladó a Brasil con su esposa Raquel González Chandía y sus cinco hijos. Vivieron durante 16 años en la clandestinidad en un pequeño poblado. El se hacía llamar Andrés Henríquez Mena, y aunque trabajaba en una empresa de seguridad también ejerció como entrenador de fútbol.

La historia de Romo, a la vez, da para una novela. De joven, y mucho antes de que fuera agente civil de la Dina, se le ligó a un partido de derecha. Pero luego se convirtió en dirigente poblacional afiliado a la Unión Socialista Popular, mantuvo vínculos con el MIR y fue colaborador del Partido Socialista. Es uno de los personajes emblemáticos en los casos de violaciones a los derechos humanos. Considerado uno de los miembros más sanguinarios de la Dina, acumuló una larga lista de enemigos por su calidad de doble agente, bajo la cual “entregó” a varios de sus ex compañeros.

El 16 de noviembre de 1992 fue expulsado de Brasil, país donde se le acusó de tres infracciones a la Ley de Extranjería y de falsificación de uso indebido de documentos de identidad. A su llegada a Chile lo esperaba el proceso por la desaparición de Lumi Videla y luego por el secuestro del ciudadano chileno francés, Alfonso Chanfreu.

EL HOMBRE DE LA CRUELDAD
“La corriente se aplica de la siguiente manera: en los senos, en los pezones. Dos perritos en el pecho y otro en la vagina. Y de ahí vas dando vuelta la máquina dando golpes de corriente a la persona”.

Esta descripción formó parte del frío y cruel relato que Osvaldo Romo entregó en una entrevista realizada por la cadena Univisión en mayo de 1995.

En ella, el ex agente de la Dina afirmó que no estaba arrepentido de las sesiones de tortura en las que había participado, y dijo que si tuviera la oportunidad “lo haría de nuevo y peor”.

“No dejaría perico vivo. Fue un error de la Dina. Yo siempre le discutía a mi general que no tenían que dejar a ninguna persona viva. Mire usted ahora, ahí están las consecuencias”, afirmó a la cadena extranjera.

En sus declaraciones, Romo estableció su preferencia por torturar a mujeres diciendo que “si la mujer es capaz de soportar el tener un bebé, puede soportarlo todo”.

Precisó que él siempre había recomendado a sus superiores que los cuerpos de las víctimas fueran arrojadas al cráter de un volcán. Argumentó que en Chile, los escenarios ideales para esta operación eran el Llaima y el Villarrica.

En un trabajo en conjunto entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal de Brasil, se logró la detención en la ciudad brasilera de Florianópolis del prófugo de la justicia, Rafael Maureira Trujillo.

El subdirector operativo, prefecto general René Castellón, destacó la coordinación que existió entre ambas policías para dar con el paradero de Maureira Trujillo.

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C.I. NRO. 3.672.875 -2

Fecha Nac. 23 Enero 1938

Orden de detención vigente por el delito de secuestro, emanada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago

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Alcalde. Celso Morales que Curicó se está convirtiendo en una especie de puerta por donde ingresa la droga a la Región del Maule y a la ciudad de Concepción, lo que preocupa al Municipio.

CURICÓ. En el país hay 109 poblaciones y villas amenazadas seriamente por altos índices de delitos graves y tráfico de drogas.

Así lo revela un informe de la Oficina de Fiscalización contra el Delito (FICED), que analizó y cruzó datos de 2006 contenidos en informes de Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público.
Curicó no escapa a eso y desde la mirada de las drogas, según el informe, el 2% de los delitos que se presentan en la ciudad tiene sus causas en el tráfico y micrográfico de estupefacientes.

MICROTRÁFICO RENTABLE

Ayer, el alcalde de Curicó, Celso Morales, señaló que los datos no son sorpresivos y ubican a la ciudad dentro de las 10 comunas con más altas denuncias por causas por drogas.
Sin embargo llamó a las instituciones ligadas al tema, como por ejemplo, CONACE y Comuna Segura a releer lo que estaba pasando con estos índices que son preocupantes. “Yo creo que es importante que todas las instituciones que están trabajando en el tema de la droga, que es CONACE, todo el programa del Comuna Segura; pienso que hay que hacer una mesa en la cual podamos ver si lo que estamos realizando va bien encaminado; hay que hacer una nueva orientación de las políticas que pueden venir de esos organismos, en relación al tema de la droga”, señaló el edil curicano.
En este sentido, Celso Morales indicó que durante las primeras horas de la jornada de ayer, había conversado con una institución especializada en drogas, quien le señaló que, indefectiblemente, esos índices eran la realidad que se presentaba.
Al respecto, el edil agregó que la ciudad de Curicó se está convirtiendo en una especie de puerta por donde ingresa la droga a la Región del Maule y a la ciudad de Concepción, lo que preocupa al Municipio. “Curicó pasa a ser una puerta de entrada para todo el tema del tráfico de drogas tanto de la séptima como de la octava región, lo que se ve agudizado por la alta rentabilidad que, el micrográfico de drogas está provocando en los sectores poblacionales. Por lo tanto, la idea sería buscar alternativas que les permitan a familias vulnerables, socialmente, poder recibir una situación mejor a la que hoy están recibiendo”, puntualizó el alcalde Morales.

Prat con Peña. El sujeto le preguntó algo a una persona que estaba en su auto. Lo amenazó con el “arma” para quitarle el auto y dinero.

CURICÓ. Con las pruebas aportadas por la fiscal Mónica Barrientos, el Tribunal Oral de Curicó declaró culpable al imputado Víctor Leiva Moreno (24), domiciliado en Santiago, como autor del delito de robo con intimidación, cometido el 14 de octubre de 2006 en Curicó.

La fiscal que investigó el caso y lo llevó a juicio oral, sostuvo en su acusación que cuando la víctima se encontraba al interior de su vehículo esperando el cambio de la luz roja a verde del semáforo ubicado en Prat con Peña, se acercó el imputado preguntándole una dirección.
La víctima bajó el vidrio de su vehículo y le indicó el lugar que supuestamente buscaba el agresor, y el imputado procedió a sacar de entre sus vestimentas una pistola con cargador calibre 8 mms., la que resultó ser a fogueo, con la cual apuntó la sien de la víctima ordenándole que le entregara el vehículo y el dinero que portaba. Justo en ese instante funcionarios de Carabineros pasaron por el sector en patrullaje y detuvieron al sujeto.
Desde la fecha del delito, el imputado se encuentra en prisión preventiva, ya que además de esta causa, tiene una condena por un hurto cometido en Santiago. La pena que deba *****plir se conocerá este viernes.

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CAUQUENES. El Ministerio Público, a través  de la fiscal Loreto Escobar Silva, acusó al doctor Jaime Iván España Álvarez, médico cirujano quien hasta hace unos dos años, se desempeñaba en el Servicio Médico Legal de esta ciudad, haber cobrado ilegalmente a los deudos, cinco personas, la suma de $ 50.000 por autopsias efectuadas, dinero que le fue entregado por los dolientes.

Según las denuncias hechas a la Fiscalía local, el profesional habría recibido ese tipo de prebendas por parte de los familiares de Rosa Herminia Rojas Molina, quien falleció el 16 de octubre del 2002, víctima de un infarto agudo al miocardio, al igual de los parientes de Ariel Hugo Suazo Hormazábal, cuya muerte ocurrió producto por asfixia mecánica, el 23 de octubre de 2002, pago que efectuó Elena de Carmen Hormazábal.

5 AÑOS

También se informó que tras el deceso de Yolanda del Carmen Hormazábal Henríquez, hecho ocurrido a raíz de un incendio que afectó a la vivienda que ocupaba, cuya muerte se debió a la intoxicación por monóxido de carbono, el 11 de enero de 2003, España, por intermedio del auxiliar del S.M.L., Abelardo López Ayala, exigieron a los familiares el pago de $ 50.000 por la práctica de dicha pericia tanatológica, suma cancelada por Luis Gerardo Mena Gajardo a López Ayala.
Lo mismo ocurrió con los parientes de Alonso Benavente Hernández, quien murió el 16 de enero de 2003 por asfixia mecánica con inmersión, la misma suma fue cancelada por Marta Ester Benavente Hernández, hermana de la víctima, a Abelardo López Ayala, auxiliar del S.M.L. de Cauquenes.
Y, por último, sostiene la fiscal Escobar, el quinto delito se registró, el 23 de enero de 2003, cuando María Angélica Sepúlveda, pagó $ 50.000, por la necropsia efectuada a Bastián  Nicolás Aravena Salgado, muerto a causa de una conmoción cerebral, traumatismo craneal compatible con atropellamiento, el mismo día 23 de ese mes, según el protocolo de autopsia número 05 de fecha 28 de enero de 2003.
Por estas razones el médico ex legista de Cauquenes, fue llevado al Tribunal Oral en lo Penal acusado de exacciones ilegales o cohecho pasivo propio agravado y reiterado, previsto y sancionado en el Art. 241 del Código Penal, y que a juicio de la fiscal Loreto Escobar le cabe a Jaime Iván España Álvarez, cuya pena requerida es en grado consumado, la que llega a cinco años y un día de inhabilitación temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio, y multa del duplo de lo obtenido, más las accesorias del artículo 38 del Código Penal, y la expresa condena en costas.
La audiencia del auto de apertura del juicio oral se inició ayer lunes, y es posible que se extienda hasta el jueves o viernes de esta semana.

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Investigaciones de Talca. Detuvieron a dos sujetos

TALCA. Investigaciones detuvo a dos sujetos por su participación en un cuantioso robo de especies desde la tienda Easy, ubicada en la ruta CH-115, vía que une Talca con la comuna de San Clemente.

En las diligencias se allanaron dos domicilios, uno en la población Cancha Rayada, sector norte de la capital regional: y otro en el barrio oriente de San Clemente.
En estas diligencias los efectivos policiales lograron detener a Rodrigo Barahona y Elber Valdés, quienes fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Talca, junto a parte de las especies incautadas.
Según se pudo establecer en las indagaciones policiales, los detenidos actuaban coludidos con un tercer sujeto, quien sacaba las especies desde el interior de la tienda en un carro, para luego proceder a comercializarlas ilegalmente y repartirse el dinero conseguido producto del hurto.
Las pérdidas por este cuantioso robo tipo “hormiga” suman un total de 17 millones de pesos y durante los allanamientos se logró recuperar cerca de dos millones en especies.

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Policía de Investigaciones descubrió que ocultaba 28 toneladas de cable de cobre que las empresas eléctricas reconocieron como robado desde el tendido callejero

TALCA.- La primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de amparo que presentaron los abogados de Hugo Romero, más conocido como el “empresario de la chatarra”, quien se encuentra a la fecha en prisión preventiva en el hospital de la capital regional e imputado por el Ministerio Público como responsable de los delitos de comercio ilegal, uso malicioso de instrumento público y fraude tributario.
A su respecto, la Policía de Investigaciones descubrió que ocultaba 28 toneladas de cable de cobre que las empresas eléctricas reconocieron como robado desde el tendido callejero. Tras dos fallidas peticiones para que la jueza de garantía, Marta Asiaín, programara una audiencia pare revisar la medida cautelar que afecta al imputado, la defensa presentó un recurso de amparo solicitando la libertad del detenido o bien que se ordenara realizar dicho debate al Tribunal del Garantía.
En su fallo, la Corte rechazó la primera petición por estimar que la prisión preventiva del imputado fue decretada por este mismo tribunal en febrero pasado, es decir, por una autoridad facultada legalmente. En el segundo punto, la Corte acogió la solicitud de la defensa y ordenó que un juez no inhabilitado del Tribunal de Garantía programe la audiencia de revisión de la medida cautelar, por lo cual anuló la resolución de la jueza Asiaín.
“En tales circunstancias, resulta evidente que la aludida resolución no satisface la exigencia contenida en el artículo 36 del Código Procesal Penal, en orden a precisar tanto los motivos de hecho como de derecho en que se basa la respectiva decisión, puesto que, como se deja indicado, sólo se desarrollan o explican estos últimos. En otras palabras, la resolución en referencia carece de la adecuada fundamentación”, indica el fallo.

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TALCA.- Una pena de 10 años y un día de cárcel deberán cumplir 2 reos que actualmente se encuentran radicados en los penales de Cauquenes y Chillán, pero que en enero del año 2005 estaban cumpliendo sus condenas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Talca, lugar donde protagonizaron el asesinato de otro interno que murió por anemia aguda tras ser apuñalado en el corazón.
Los hechos, tal como lo establecieron los jueces de la segunda sala del Tribunal Oral de Talca, después de conocer las pruebas testimoniales, periciales y documentales ofrecidas por el fiscal, Ángel Ávila, se registraron en el pabellón “B” del primer piso del penal talquino, correspondiente a la sección para reos “rematados”, es decir, que cumplen condenas efectivas de cárcel.
En dicho lugar, los reos Carlos Luis Meza Ruiz y Pedro Ramón Sandoval Sepúlveda, ingresaron a dicha sección del CCP portando armas cortopunzantes. De esta forma, Meza Ruiz sacó el cuchillo y ataco a la víctima en su celda, provocándole una herida cortopunzante en el pecho a la víctima, lo cual se tradujo en su muerte por anemia aguda.

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LINARES. Efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones, logró la detención de cuatro personas que integraban una organización dedicada a estafar a pequeños campesinos a través de la compra de productos agrícolas.

La policía civil estaba tras los pasos de estos sujetos desde hacía prácticamente un mes, cuando se hicieron recurrentes una serie de denuncias por conceptos impagos en la venta de trigo, a manos de una empresa que arrendó una oficina al interior de la Cooperativa San Dionisio, en la comuna de Colbún.
Miguel G. M.; Luis S.L.; Andrés G.H; y Andrea M.H. se estima que lograron estafar a cerca de 70 campesinos de la zona por una suma cercana a los 100 millones de pesos.
Según se pudo establecer, los sujetos adquirieron cerca de 70 toneladas de trigo en Linares a modestos campesinos que ingenuamente confiaron en la palabra de los individuos y los “vales por” que se les proporcionaba a la hora de entregar un comprobante para cobrar sus dineros.
Tres de los cuatro integrantes fueron reconocidos en fotografías exhibidas por la policía civil en la ciudad de Victoria, al sur del país y luego de algunas indagaciones, se generó una orden de detención para los sujetos por lo que fueron trasladados en las últimas horas del miércoles en dos carros policiales, para ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía en esa ciudad.
En tanto, la mujer quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Linares, donde se esperaba que ayer, cerca de las 13 horas, la audiencia de control de legalidad de la detención.
Posteriormente a ello, fueron regresados con escolta de Gendarmería a Linares, donde serán formalizados por los cargos de estafa, no descartándose que pudiese también desarrollarse otra investigación por otros delitos.

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